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MANDATO POR EL AGUA, LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS

El gobierno de Alianza País se caracterizó en un inicio por una propuesta contra-neoliberal asumiendo el discurso y las propuestas que conformaron la plataforma de lucha del movimiento indígena y de los movimientos sociales. Ya en el ejercicio de su mandato, el gobierno se caracteriza por impulsar una gran reforma capitalista que, según el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea un cambio del eje de acumulación cuya estrategia de desarrollo endógeno permitiría transitar de un esquema extractivo, primario exportador y especulativo a uno basado la mercantilización y aprovechamiento privado de la biodiversidad para beneficio de las transnacionales.

Sin embargo, las políticas del gobierno dan continuidad y amplían el modelo extractivista y contaminante. Esto se evidencia con la ampliación de la frontera petrolera vía licitación de nuevos pozos en el suroriente de la Amazonia y el inminente inicio de la fase de explotación de proyectos de minería a gran escala. Esta política de expansión petrolera pone en peligro la vida de los pueblos libres (Tagaeri y Taromenane) con la explotación de los bloques Armadillo, 31 e ITT.

Aunque en un primer momento el discurso del Presidente de la República fue nacionalista en el sentido de que deben ser las empresas estatales las que exploten los recursos naturales, en los hechos el gobierno ha delegado su desarrollo a capitales transnacionales. Es así que bajo el discurso de la eficiencia, se ha entregado la producción petrolera de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet hecho que no fue posible ni en la época neoliberal.