En contra de las declaraciones gubernamentales de que con el TLC crecerá la economía, incluso con estudios oficiales se puede demostrar que los resultados en este campo son insuficientes. La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador presentó, hace un par de meses, los resultados que espera del TLC en su estudio: Modelo ecuatoriano de equilibrio general aplicado. Sus cifras, de precisión angustiante, son concluyentes. Si se firma el TLC, el PIB tendría un incremento anual de 0,027%, con un impacto inicial de 0,003%. Las exportaciones aumentarían al principio en 0,02%, para luego, si se cumplen las premisas del modelo, subir en 0,963%. En el caso de las importaciones (desde EEUU), su alza sería de 1,728%, con un aumento inicial de 0,073%.
Sin embargo, como consecuencia de la desgravación arancelaria para productos provenientes de EEUU, el mismo Banco Central calcula un costo fiscal de 163 millones de dólares. Esto significa que la reducción de los aranceles dejará un bache fiscal que habrá que cerrarlo de alguna forma, por ejemplo a través de un incremento del IVA o la eliminación del subsidio al gas doméstico o el alza del precio de la gasolina o con una mayor reducción de la inversión social.
En este punto es bueno destacar algunos aspectos puntuales:
1. Medicinas.
Los datos que proporciona el estudio de CORDES -aquel organismo del ex-presidente Oswaldo Hurtado Larrea, uno de los mayores portaestandartes en Ecuador de la ideología del Consenso de Washington- sobre el impacto del TLC en las medicinas tampoco dejan de ser preocupantes. Según este informe, solicitado por el equipo negociador del TLC, las pretensiones estadounidenses -como sería aceptar segundos usos para ampliar la patente de las medicinas- eliminarían o retardarían el aparecimiento de nuevos competidores. Y esta reducción de la libre competencia -a eso también apunta este acuerdo de “libre” comercio- se traduciría en un incremento de los precios del 186%, con la consiguiente caída de la demanda en las medicinas de 77%. Incluso un incremento de un 1% ya sería motivo suficiente para la disconformidad.
La situación en temas de propiedad intelectual es compleja. Los EEUU promueven “los intereses de la industria farmacéutica a costa del acceso a las medicinas en las naciones en vía de desarrollo”, esto lo reconoció en el Senado norteamericano, el senador Edward Kennedy, el 16 de febrero del 2005. Este senador demócrata reclama a la administración de Jorge Bush II porque desafía la Declaración de Doha, en el marco de la OMC, con la que los propios EEUU aceptaron que primero es la salud y luego el negocio. Bush II “utiliza incontable tácticas legales para retrasar la aprobación de las medicinas genéricas”, al tiempo que hace enormes esfuerzos “para proteger las ganancias de las compañías farmacéuticas de productos de marca”; esta acción, siempre en palabras de Kennedy, “es una política inmoral”.
A esto habría que añadir el impacto no calculado (realmente imposible de calcular) de los efectos que provocaría otra pretensión de los EEUU, la que busca patentar plantas, animales y recursos genéticos, con todas sus consecuencias ambientales, sociales y culturales.
En suma, hay que considerar los efectos que provocaría la eliminación de restricciones que impidan a las empresas privadas monopolizar patentes, incluso de aquellas que afecten los conocimientos comunitarios de los pueblos indígenas. La posibilidad de patentar la vida -plantas y animales- estaría abierta con el TLC por más que se introduzcan carta de conducta paralelas, pues se debe tener siempre presente que los EEUU no han suscritos convenios vitales como el de la biodiversidad o el de Kioto.
