Esto no deja de cierto, a primera vista. Sin embargo aquí habría que aclarar el alcance real de las ATPDEA para ver si se trata o no de un problema insalvable. El beneficio de dichas preferencias para el Ecuador debe bordear en la actualidad los 30 (treinta) millones de dólares. Ese valor, a todas luces, no debería ser motivo para una mayor preocupación. En un país como Ecuador, con un Presupuesto General del Estado de más de 8.500 millones de dólares ese monto de 30 millones es totalmente marginal.
¿Cómo se llega esa cifra? Tomando cifras de documentos oficiales, utilizados por la Comisión Negociadora ecuatoriana del TLC, se sabe que entre 1999 y 2003 el promedio anual de las exportaciones de Ecuador a los EEUU fue de 1.960 millones de dólares. De los cuales, un 17%, es decir 333 millones, correspondió a productos que se beneficiaron de las preferencias ATPDEA. Y como se señala en dicho documento, el “sacrificio fiscal de los EEUU” fue de 20 (veinte) millones al año; dicho en otras palabras, sin ATPDEA el Ecuador (el Estado o las empresas exportadoras) tendría que conseguir 20 millones de dólares para sostener los precios existentes sin afectar las utilidades de las empresas exportadoras. Si consideramos que las exportaciones ATPDEA han aumentado en estos últimos años (no tanto como las petroleras, vale señalarlo de paso), y que podrían estar alrededor de los 480 millones, dicho sacrificio bordearía los mencionados 30 millones.
Entonces, si se creería que es conveniente apoyar a dichas empresas, la salida es muy simple: el establecimiento de un fondo que ayude a recuperar la competitividad pérdida por esta causa (Se les podría ayudar a través de subsidios directos o indirectos, buscando aquellas opciones que no provoquen respuestas contrarias de los EEUU… Por ejemplo se podría dotarles de adecuada infraestructura de riego, de un servicio de electricidad más barato, de un apoyo para constituir una empresa de transporte aéreo propia, de líneas de crédito preferencial en la CFN, etc.). La potencial pérdida de esos 30 millones, que tendría que cubrir Ecuador para no quedar en desventaja con otros competidores, no justifican, de ninguna manera, la aceptación de todas las pretensiones de los EEUU, que afectarán en varios campos al país, por ejemplo en su seguridad alimentaria y que inclusive reducirían la capacidad de gestión del país en el contexto internacional.
Incluso si se llegará a producir tan “tremenda” pérdida de las ATPDEA el país podría empezar una negociación por separado con los mismos EEUU para conseguir la ampliación de dichas preferencias, otorgadas por nuestro aporte en la lucha contra el narcotráfico. Poniéndose en un plano de cochino pragmatismo (para estar a tono con muchos de los negociadores del TLC, concientes que la dignidad y la soberanía no tienen precio), el Ecuador tendría justificación para cerrar la base yanqui de Manta, cuya (inconstitucional) entrega se justificó como aporte ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico. Y por cierto, aún en este escenario perverso en donde lo monetario prima, el país no tendría por qué seguir haciendo el juego a Washington con la expansión bélica del Plan Colombia hacia nuestro territorio, una complicidad que tiene ya un elevado costo económico con la creciente movilización de tropas a su frontera norte.
