Los EEUU, con sus subsidios a la agricultura, aseguran la alimentación de su población como una cuestión de “seguridad nacional”, como afirmó Jorge Bush II (5). Esta posición del mismísimo presidente norteamericano contradice aquellas visiones miopes o interesadas, que alientan importaciones y exportaciones sin hacer ninguna reflexión más compleja del tema agrario y menos aún alimentario. No entienden el significado económico, social y cultural de las economías de autoconsumo campesinas. Su mundo es el negocio, no la vida…

La asimetría de las negociaciones es inocultable, tanto como el simplismo de los países andinos que se sentaron en la mesa a negociar con los EEUU sin tener al menos una propuesta subregional común. Aplicando la vieja norma imperial de “divide y vencerás” los EEUU están consiguiendo su cometido: armar el Acuerdo Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesto en 1994 y que encontró dificultades en su camino de cristalización multilatereal, en base a acuerdos bilaterales en los que van imponiendo condiciones incluso no consideradas en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los EEUU consiguió su objetivo, puso a competir entre si a los tres gobiernos de los países andinos para obtener cada vez más ventajas…

Washington, adicionalmente, cuando le ha convenido y al margen de cualquier acuerdo suscrito, ha recurrido también al uso de las restricciones “voluntarias” a las exportaciones; a la acusación de dumping, definido por su gobierno de manera arbitraria; a la imposición de cuotas; y a una variedad de instrumentos legales proteccionistas. El uso y abuso de estas leyes implica beneficios para unos y perjuicios para otros, en función de los intereses estadounidenses. Este neoproteccionismo, sustentado sobre todo en medidas no arancelarias, en muchos casos rebasa el efecto de los anteriores aranceles. Y tampoco faltan salvaguardias arancelarias como las aplicadas en el año 2002 al acero por parte del régimen de George Bush II.

En esta línea de reflexión no debería sorprender que en unos años, cuando los EEUU hayan resuelto sus disputas comerciales con las otras potencias proteccionistas: Europa y Japón, cuando los subsidios para el arroz, la papa, el maíz, los pollos… ya no les sean más necesarios, comiencen a subir los precios con el fin de cubrir los costos de producción y hacer atractivas ganancias en mercados cautivos.

Ecuador tiene a la mano el ejemplo del trigo norteamericano, que a medidos del siglo pasado entró inicialmente como una donación hasta conseguir, poco a poco, desplazar a la producción nacional (6). Al finalizar los años cincuenta entró en la escena la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), dependencia del Departamento de Estado de los EEUU. En el mes de agosto de 1955 el Ecuador suscribió un convenio con los EEUU, por el cual el país le compraba excedentes de productos agrícolas cuya producción nacional era insuficiente para satisfacer la demanda. El valor de estas importaciones debía ser depositado en sucres, en una “cuenta de los EEUU en el Banco Central del Ecuador”, y serviría, a más de apoyar la promoción del desarrollo nacional, “para ayudar al desarrollo de nuevos mercados de productos agrícolas de los Estados Unidos, para financiar actividades internacionales de intercambio educacional en el Ecuador y para otros gastos de los Estados Unidos en el Ecuador”. O, dicho de otra manera, “para gastos de la Embajada Norteamericana en el Ecuador”.

Con este Convenio de Excedentes Agrícolas, que se fue renovando en los años subsiguientes, se estableció el canal para que el Ecuador comprara algodón, tabaco, aceite de semilla de algodón, aceite de soja y, sobre todo, trigo. Años después, la importación de estos productos ya comenzó a cobrarse en divisas y a términos comerciales normales, pero el Ecuador, entre tanto, aumentó su dependencia de la importación de trigo, al tiempo que fue dejando de lado posibles productos sustitutivos o alternativos, y no desarrolló su producción triguera, que no resultaba competitiva frente al producto importado. Si hace 35 años importábamos el 45% del consumo nacional, hoy se importa el 98% desde los EEUU. Finalmente, a raíz del nuevo empuje fondomonetarista impulsado desde 1982, en 1988 se suprimió definitivamente el subsidio al trigo y, por lo tanto, a la harina y sus derivados.

Una situación similar se vive con las ayudas alimentarias al inicio del tercer milenio, cuando en el Ecuador con el ingreso de una soja transgénica, que con el argumento de satisfacer necesidades alimenticias de los sectores más desprotegidos, se debilita aún más a los pequeños y medianos propietarios del agro, al tiempo que se afecta la seguridad alimentaria del país.

De lo anterior se desprende que la ventaja de los consumidores al consumir productos más baratos puede transformarse en la trampa que terminará por minar la bases de la economía campesina y de la soberanía alimentaria, aumentando la dependencia del país con los EEUU.

El TLC, para que no quepa la más mínima duda, sintetiza la pretensión de Washington -expuesta por Colin Powel, cuando era Secretario de Estado- para “garantizar para las empresas norteamericanas, el control del territorio que va desde el polo Ártico hasta la Antártida y el libre acceso sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el Hemisferio”.