Según expresan dichas organizaciones, tal "diálogo" es una maniobra para favorecer a los industriales madereros, a expensas de la destrucción de los bosques y las tierras de vocación agrícola.
Es un proceso inconsulto a los pueblos indígenas y afrodecendientes que son los ocupantes ancestrales de los bosques en el país, lo que viola el convenio 169 de la OIT en cuyo conocimiento se pondrá inmediatamente esta situación.
Además, señalaron los opositores a este proceso, - en el supuesto "diálogo" no participaron más que los propios madereros. Ello los convierte en juez y parte, invalidando cualquier pretendida solución al problema de la deforestación en el país.
Por otra parte las entidades opositoras urgen a la Ministra del Ambiente:
Prohibir que se realicen plantaciones dañinas como el eucalipto, pino, la palma africana, ya que destruyen los bosques primarios y las fuentes de agua de las poblaciones locales.
Conservar los últimos bosques primarios que sobreviven en el país, prohibiendo totalmente su explotación y exigiendo el cumplimiento de la legislación que protege el Patrimonio Forestal del Estado.
Aplicar una moratoria a la industria maderera hasta determinar los impactos sociales, ambientales y económicos causados por esta.
Las organizaciones manifiestan la necesidad de que estos procesos se transparenten, ya que no se pueden seguir tomando decisiones que afecten al patrimonio natural de los ecuatorianos con acciones que causan daños irreversibles al ambiente y afectan la vida de las comunidades.
