Conaie

“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que promueven conflictos”.

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente”, además de otras actividades oficiales.

La marcha indígena en Bolivia El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad, capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente organizados en once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros trece había diferencias.

Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB.

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno: “Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los afectados”.

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”.

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”.

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de población que representan en el país.

La CONAIE contra Correa